El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, presentó en el Senado de la República la iniciativa denominada “Querétaro por la Seguridad y la Justicia Especializada frente a Delitos de Alto Impacto cometidos por Adolescentes”, una propuesta que busca fortalecer el marco legal para atender casos de violencia grave en los que estén involucrados menores de edad.

La iniciativa, que previamente fue impulsada ante el Congreso de Querétaro, fue entregada al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, para su análisis y conocimiento dentro de la Cámara Alta.

“Entregué la propuesta de iniciativa de Ley que presenté en el Congreso Local para juzgar con medidas más severas a los menores que cometen delitos graves. Coincidimos en la necesidad de buscar mecanismos que permitan detener la violencia que enfrenta nuestro país, cuidar a nuestros jóvenes, proteger a las familias y garantizar que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes crezcan seguros y con oportunidades para construir un mejor futuro”, señaló el alcalde.

Buscan responder al aumento de delitos de alto impacto

De acuerdo con el planteamiento, la propuesta surge ante el incremento de hechos violentos protagonizados por adolescentes y el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos, una situación que, según el municipio, exige herramientas jurídicas más adecuadas a la realidad actual.

La iniciativa contempla mecanismos para actuar con mayor firmeza en casos relacionados con:

• Homicidio doloso.
• Feminicidio.
• Violación.
• Secuestro.
• Delincuencia organizada.

No obstante, el proyecto establece que cualquier medida deberá aplicarse bajo criterios de proporcionalidad, control judicial, evaluación individualizada y atención especializada.

Análisis integral de cada caso

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que cada expediente sea evaluado de manera particular, tomando en cuenta factores sociales, familiares y psicológicos de los adolescentes involucrados.

Entre los elementos que deberán considerarse destacan:

• Entorno familiar.
• Historia personal.
• Desarrollo psicosocial.
• Antecedentes de violencia.
• Situaciones de acoso escolar.
• Riesgo de reincidencia.

Distinguir entre víctimas y participantes voluntarios

La iniciativa también propone diferenciar a los adolescentes que hayan sido víctimas de reclutamiento forzado, amenazas o coacción por parte de grupos criminales de aquellos que participaron voluntariamente en la comisión de delitos.

Según el planteamiento, esta distinción permitiría aplicar medidas más justas y acordes con las circunstancias de cada caso, manteniendo al mismo tiempo el enfoque de reinserción social para las juventudes y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta se suma al debate nacional sobre cómo enfrentar la participación de menores de edad en delitos de alto impacto, un tema que ha cobrado relevancia en distintas entidades del país.